Educación advierte que UPN va a provocar una pérdida incalculable de plazas ya adjudicadas para el curso 26-27 en las redes pública y concertada - Educación advierte que UPN va a provocar una pérdida incalculable de plazas ya adjudicadas para el curso 26-27 en las redes pública y concertada - Dpto

La proposición de ley foral de UPN sobre los conciertos educativos presenta visos de inconstitucionalidad porque invade competencias que la legislación básica atribuye a las administraciones educativas y puede afectar a la regulación contenida en el artículo 27 de la Constitución Española que establece como derecho fundamental el derecho a la educación.

Así lo destaca el Informe de disconformidad con la proposición de ley regionalista, algunas de cuyas conclusiones ha adelantado esta mañana en rueda de prensa el consejero de Educación Carlos Gimeno, en una comparecencia en la que, además de las profundas discrepancias jurídicas sobre la propuesta de UPN, ha advertido a las familias navarras de las redes educativas pública y concertada y a los docentes de la Comunidad Foral de las gravísimas consecuencias que puede acarrear la proposición de ley si es aprobada en el Parlamento Foral.

El consejero ha explicado que UPN quiere, mediante esta proposición de ley, reducir las ratios en la educación concertada y al mismo tiempo mantener el próximo curso las unidades públicas y concertadas existentes en el curso actual. De forma, ha añadido, que haría imposible la ampliación de nuevas unidades afectando gravemente al proceso de admisión de alumnado para el curso 2026-2027 que ya está muy avanzado.

Si se aprobara la proposición de ley de UPN, Educación debería rehacer la adjudicación definitiva de puestos escolares en 1º de Infantil (aulas de 3 años) de centros concertados aplicando una ratio máxima de 23 alumnos/as por aula en vez los 25 estipulados ahora en la normativa, y eso significa que las vacantes disponibles en la mayoría de los centros concertados se reducirán y habrá alumnado que al tener que repetirse el proceso de admisión no va a tener la plaza escolar previamente adjudicada con carácter definitivo. “El número total de afectados es impredecible” ha anunciado el consejero, “puesto que, al tener que volver a resolver las admisiones, todas las solicitudes entrarían en juego con muchas menos plazas disponibles”.

Así ocurrirá, por ejemplo, en centros como San Ignacio, Liceo Monjardín, Irabia o Miravalles, en Pamplona / Iruña y comarca, o en Compañía de María de Tudela. Los alumnos y alumnas sobrantes deberán ser escolarizados en otros centros, bien concertados o públicos. Gimeno ha expresado su perplejidad por una propuesta que va a afectar gravemente a la garantía de libertad de las familias para elegir la educación que quieren para sus hijas e hijos. “En este momento”, ha dicho el consejero, “en la asignación provisional de plazas del procedimiento de admisión de 3 años para el curso 2026-2027, el 98,9% del alumnado ha obtenido plaza en su primera opción. Con la proposición de ley de UPN”, ha continuado Gimeno, “este porcentaje se verá significativamente disminuido como consecuencia de la reducción de vacantes en los centros concertados por la baja general de ratios”.

Pero las consecuencias del “despropósito” de UPN, ha añadido Gimeno, alcanzarán de lleno a las familias de la red pública. Como ejemplo ha señalado que en aquellos centros en los que las solicitudes de preinscripción deberían permitir un aumento de unidades en 1º de Infantil no habrá vacantes para todos y habrá alumnado desplazado a otros centros, públicos o concertados. Esto pasará en el colegio público Huertas Mayores de Tudela, donde 17 alumnos/as se quedarían sin plaza, o en el colegio de Falces, donde Educación no podrá abrir la unidad de modelo D para que 13 familias han solicitado admisión para sus hijas e hijos. 

El Departamento está analizando incluso si esta proposición de ley obligaría a desplazar de sus centros actuales a alumnado de 2º de Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria y 1º de ESO debido al rango legal de la iniciativa.

Las consecuencias de la proposición de ley de UPN, si es aprobada, no se paran ahí. El despliegue de la Formación Profesional en Navarra se vería radicalmente afectado hasta el punto de que el consejero ha anunciado que, de aprobarse la propuesta regionalista, no se podrán ofertar los nuevos cursos de Cocina y Restauración en ETI San Juan en Tudela, dado que el alcance de la proposición de ley de UPN no diferencia etapas ni diferentes itinerarios e impone una foto fija de unidades sin opción a ningún crecimiento. Gimeno ha advertido que obligaría incluso a no ofertar el 2º curso de los ciclos formativos al alumnado que ya está estudiando el primer curso y anularía de raíz el crecimiento de la oferta de FP para el curso 26-27 en 33 nuevos ciclos ya ofertada por el Departamento. “Esto es gravísimo porque deja a las familias en una gran incertidumbre”, ha denunciado el consejero.

Otra de las graves consecuencias que la aprobación de la proposición de ley causará, ha recordado Educación, afecta al proceso de elaboración de las plantillas de los centros educativos. Estos están elaborando ahora sus plantillas para el próximo curso con la intención de establecer la adjudicación de contratos en el mes de junio. Si se aprueba la propuesta de UPN habría que rehacer todas las plantillas y los centros no conocerían en el mes de junio su plantilla ni el profesorado que aspira a contratos administrativos tampoco su destino.

“Quien apoye esta ley deberá explicar quién sale ganando. Porque a la vista del informe que estamos terminando y de lo que estamos contando, la mayoría social de Navarra sale perdiendo”, ha remarcado el consejero.

Gimeno ha concluido afirmando que la proposición de ley de UPN “invade competencias legislativas básicas relativas a la planificación de la educación no universitaria de la Comunidad Foral de Navarra y genera un seísmo educativo de consecuencias difícilmente calculables” y ha apelado a la responsabilidad de los grupos parlamentarios frente al “despropósito” de la iniciativa regionalista.

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