angle-left Un centenar de migrantes no regularizados está pudiendo formarse en empresas navarras gracias a los seguros de accidente y responsabilidad civil financiados por Educación

La medida soslaya la imposibilidad de darles de alta en la Seguridad Social, exigencia legal desde el pasado enero para desarrollar las presencias formativas en el tejido empresarial

2024/04/12

Un centenar de alumnado migrante en situación no regularizada está pudiendo desarrollar sus prácticas formativas en empresas navarras gracias a las pólizas de accidente y responsabilidad civil financiadas en su integridad por el Departamento de Educación. Estas pólizas cubren cualquier eventualidad que pudiera ocurrir durante las prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación que está realizando este alumnado y soslayan la imposibilidad de dar de alta en la Seguridad Social a los migrantes no regularizados, que, de otra manera, no podrían formarse profesionalmente ni obtener ningún tipo de certificación profesional para el empleo.

Así lo ha dado a conocer hoy el consejero de Educación, Carlos Gimeno, quien ha recordado que Navarra fue designada comunidad piloto con la Tesorería General de la Seguridad Social anticipándose así a esta situación, de forma que se pudo prever la prolongación de los seguros de responsabilidad civil y accidentes que ya se establecían antes de la publicación del Real Decreto Ley 2/2023.

El Real Decreto Ley 2/2023 regula la inclusión en el Sistema de Seguridad Social del alumnado que realice prácticas externas incluidas en programas de formación. El alta en la Seguridad Social únicamente es posible para personas con permiso de residencia. Los migrantes no pueden ser dados de alta en la Seguridad Social si no tienen documento nacional de extranjero (NIE), permiso de trabajo o residencia, visado de estudios u otro documento válido expedido por el Ministerio del Interior. Pero ello no es óbice para que esas personas puedan cursar estudios o realizar las prácticas que corresponden si así lo permite la legislación educativa.

Por ello, las personas migrantes en situación no regularizada ven bloqueado su acceso a la educación, y especialmente a los certificados de profesionalidad, que tan relevantes son para su inserción laboral. Sin embargo, en Navarra, gracias a las actuaciones desplegadas por el Departamento de Educación, los migrantes verán facilitada la condición u obtención del arraigo por formación. 

La Comunidad Foral ya consultó sobre la situación de estos migrantes en 2023 a la Tesorería General de la Seguridad Social, al igual que lo hizo en similares términos la Secretaría General de FP del Ministerio de Educación, FP y Deportes. Por tanto, de las respuestas de la Tesorería General de la Seguridad Social se deduce que no se puede dar de alta en la Seguridad Social a alumnado en situación irregular pero no se impide a la administración educativa que permita realizar las prácticas no laborales a dichas personas en situación irregular para obtener un certificado de profesionalidad o un título de formación profesional inicial. Por ello, el Departamento de Educación tiene establecidas dos pólizas (de accidentes y de responsabilidad civil) que cubren cualquier eventualidad que pudiera ocurrir durante las prácticas de este alumnado.

En concreto, según los datos aportados por Educación, en estos momentos hay 40 alumnos y alumnas en situación irregular cursando su proceso de formación en FP Inicial en empresas navarras. Suponen el 1,3% sobre un total de 3.000 estudiantes de formación profesional dados de alta en la Seguridad Social desde el pasado enero.

Asimismo, otros 45 migrantes están desarrollando en empresas su formación de FP para el Empleo con el objetivo de obtener certificados profesionales. Son un 22,5% del total de alumnado en esta situación entre enero y marzo, periodo en el que se han dado aproximadamente unas 200 altas en la Seguridad Social.

El consejero Gimeno ha destacado que las empresas navarras han acogido con absoluta normalidad a este alumnado en sus procesos formativos sin distinguir entre si son alumnos/as con situación legal administrativa o no.